El Gobierno debe reducir los ¨sueldos a los altos funcionarios¨. Parecería ser el reclamo social de un sindicato de maestros o de una cooperativa de trabajadores. También podría tratarse de la exigencia de algún dirigente o candidato de la izquierda radical. No obstante, el pedido proviene de la Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, quién -el pasado 1 de abril- hizo pública dicha propuesta a fin que el Estado pueda re-dirigir esos recursos, que ahorraría con la reducción salarial de la plana mayor, para afrontar la emergencia sanitaria causada por la tragedia del Covid-19.  

Aunque para algunos personajes como Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva-BCR (quién se vería afectado si prospera dicha propuesta) detrás de la medida solo habría una intención ¨populista¨. Lo cierto es que Ledesma ha apelado a la necesidad que la casta del Estado demuestre su solidaridad y, de alguna manera, su compromiso con el país y los sectores más vulnerables. Más aún, cuando muchos están perdiendo sus trabajos o padeciendo -precisamente- recortes salariales en sus respectivos centros de labores.

Por ello Ledesma también ha invocado el principio de justicia social como justificación para su propuesta, la que -según ha precisado- sería: i) solo temporal mientras dura la crisis, ii) únicamente aplicable a los altos ejecutivos del Estado (que, de hecho, incluiría su propio puesto), iii) legalmente válida a la luz de cierta jurisprudencia que incluso ya habría revisado para sustentar esta medida extraordinaria.

Populista o no, la propuesta no solo es legal sino también ética, sobre todo si consideramos los sueldos de los altos funcionarios en cuestión (esencialmente, se trata de los tribunos, jueces supremos, presidente, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, contralor general y directores del BCR), en contraste con el sueldo mínimo que ganan cientos de miles de peruanos.

Se calcula que unos 700 mil trabajadores en el Perú perciben el sueldo mínimo (o remuneración mínima vital-RMV), que -paradójicamente- algunos de los propios altos funcionarios del Estado, son quienes la han fijado en solo S/ 930 al mes, o al menos, la mantienen en ese bajísimo valor.

A su vez, el ingreso promedio mensual de un trabajador en Lima -según el INEI- está alrededor de los S/ 1,700. Es decir, esta es la media salarial que se obtiene promediando el sueldo de los que menos ganan (la RMV) con los que más ganan (incluyendo a ejecutivos del sector privado). Ergo, si comparamos el sueldo promedio de un limeño con el de un alto funcionario del Estado (alrededor de S/ 40 mil) tenemos una diferencia de casi 25 veces por mes.

Peor aún, si hacemos la comparación entre los funcionarios públicos que más ganan y los peruanos que menos ganan, el resultado arroja una vergonzosa distancia de casi 40 sueldos mensuales mínimos. Ello significa que, por ejemplo, un técnico o un auxiliar operativo con sueldo mínimo demora casi 4 años en ganar lo que el Presidente del BCR cobra en un solo mes. Como es evidente, mientras mayor sea la inequidad en la masa salarial, tendremos -peligrosa y tristemente- mayor desigualdad, contraste y tensión social.

Si bien sabemos que en el sector privado la desigualdad salarial es incluso considerablemente mayor (se sabe de brechas de casi 250 veces entre el sueldo más alto y el más bajo de la misma organización), ya que no existen topes legales para el sueldo que una empresa decide pagarle a sus ejecutivos, se espera que cuando se trata de recursos públicos, administrados por funcionarios y entidades públicas, exista mayor austeridad y equidad al momento de asignar el dinero que -finalmente- proviene con tanto esfuerzo de todos los contribuyentes.

Ciertas organizaciones especializadas en la materia, como la OXFAM, recomiendan fijar escalas salariales entre 1:10, donde el salario más alto de una persona o puesto de trabajo, no sea más de 10 veces superior al salario medio o, incluso, al mínimo. De este modo, si eventualmente se aumenta el sueldo máximo (lo que suele ocurrir sin que la mayoría se entere), ese incremento beneficia proporcionalmente a las demás categorías o puestos, manteniendo así una equidad remunerativa.

Mientras no hayan tales escalas o no sea financieramente posible incrementar los sueldos más bajos, lo más decente y equitativo -sobre todo en tiempos de crisis- es que los que más ganan se acerquen a las mayorías que dicen representar, vía reducciones temporales hasta que la crisis se supere y ese ahorro destinarlo a quiénes más les urge, como solidaria y ejemplarmente ha propuesto Marianella Ledesma, aun afectando su propio bolsillo, en beneficio de los más afectados.

Si es verdad que a Julio Velarde su sueldo como Presidente del BCR ¨le importa un pepino¨ -como ha afirmado curiosa y soberbiamente- entonces él y los que coinciden con su posición adversa a la propuesta de Ledesma, no tendrán reparo alguno en respaldar finalmente la propuesta. Esperemos entonces que nuestros funcionarios públicos prediquen con el ejemplo, caso contrario la ciudadanía y la prensa independiente -que estará muy pendiente- les exigirá cuentas al respecto.

Desde ya, la propuesta de Ledesma servirá para que la opinión pública vaya reconociendo qué altos funcionarios públicos tienen realmente vocación de servicio y, en cambio, cuáles están ahí únicamente por sus privilegios y el dinero.

Sea como fuere, ojalá que el Presidente Vizcarra recoja la propuesta de Marianella Ledesma y -tal como le permite la ley- reduzca temporalmente los sueldos de los altos funcionarios del Estado (incluyéndose, por supuesto), lo cual no solo mejorará la capacidad financiera del Estado para atender a los más vulnerables durante esta epidemia, sino también levantará la moral de la ciudadania y su confianza hacia la gestión pública.