Ante los inesperados estragos que viene ocasionando la pandemia del Covid-19 en nuestro país, y a pesar del enorme esfuerzo desplegado por el gobierno para apalear la crisis (asignando alrededor del 12% del PBI para luchar contra esta epidemia), el presidente Vizcarra ha anunciado la posibilidad de implementar -temporalmente- un impuesto a la riqueza (también llamado impuesto al patrimonio, a las grandes fortunas o a la solidaridad).  

Aunque el gobierno aun no ha presentado ningún lineamiento que detalle el alcance del impuesto, es sabido que esta clase de tributos no se aplicaría sobre el ingreso de personas acomodadas (como el impuesto a la renta), sino que solo gravaría el patrimonio de las grandes fortunas, de modo que lo que se espera es que -más allá de cualquier rumor en sentido distinto (como lo dicho por Vicente Zeballos)- este impuesto a la riqueza se aplique sobre los multimillonarios del país, con el fin de dotar al Estado de mayores recursos para enfrentar mejor las urgencias que afectan -sobretodo- a los sectores vulnerables, permitiendo aumentar el gasto social en salud y seguridad sanitaria.

La justificación técnica de este impuesto reside en el principio tributario de capacidad contributiva, es decir, en ¨la capacidad económica de poder contribuir a los gastos públicos, que originan los servicios proporcionados por el Estado y que benefician a la colectividad¨ (Raúl Barrios). En términos simples, significa que el que más tiene, más puede y debe aportar. Así, se apela a la cima de la pirámide socioeconómica, integrada por los grandes millonarios del país, para que -ante una situación extrema como la pandemia- contribuyan al fisco con lo que están en plena capacidad de asumir (el equivalente al 1% de sus grandes fortunas).

Una iniciativa así, que supone afectar -en el peor de los casos- a apenas al 0.1% de la población más rica, con una tasa del 1% sobre sus enormes fortunas, para beneficio del 99.9% restante del país en plena pandemia, ha sido -como era de esperarse en un país que arrastra una larga tradición colonial como el nuestro- atacada por los grupos más pudientes, que entre el miedo y la avaricia no han tenido mejor recurso que -simplemente- tachar la iniciativa de comunista o demagógica.

Entre sus voceros de turno, por ejemplo, ha salido a declarar el ex Ministro de Agricultura de Alán García, Ismael Benavides (primo hermano de Roque), quien ha afirmado que un impuesto así solo podría concebirlo un ¨débil mental¨. Menos rabioso, pero también renuente al impuesto a la riqueza, es el ex Ministro de Economía de PPK, Alfredo Thorne, quien ha asegurado que ideas similares no han funcionado, haciendo referencia solo al caso colombiano.

Sin embargo, omitió -conveniente y curiosamente- mencionar que, en realidad, esta clase de impuestos se viene discutiendo tanto en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como en la campaña pre-presidencial de los Estados Unidos entre los candidatos demócratas y también en el bloque de la Unión Europea. De hecho, esta clase de impuestos ya se ha aplicado exitosamente en países que no son precisamente comunistas, como Alemania (en el pasado), Suiza, Bélgica, Noruega y en la región, Uruguay.

Hace apenas un par de semanas, los reconocidos profesores en economía Gabriel Zucman, Emmanuel Sáez (Universidad de Berkeley) y Camille Landais (London School of Economics) publicaron en el portal de políticas VoxEU, un artículo titulado ¨Un impuesto europeo progresivo a la riqueza para financiar la respuesta ante el Covid¨, en el que -de forma conjunta- recomiendan la creación de un impuesto que grave la riqueza como solución para financiar las deudas que está generando esta crisis.

Para sustentar su propuesta, analizaron las distintas estrategias que los países europeos utilizaron tras la depresión causada por la Segunda Guerra Mundial, notando que el caso de recuperación más exitoso fue el de Alemania. En efecto, este país fue uno de los pocos que implementó un impuesto a la riqueza, que le permitió crecer más que sus vecinos, al apoyarse en el estrato más rico de la sociedad que -a diferencia de la clase baja o media- cuenta con la riqueza suficiente para absorber el choque o el déficit que produce, por ejemplo, una pandemia como las que estamos padeciendo.

Asimismo, estos especialistas justifican la idoneidad de la medida en el hecho que la riqueza -en contraste con otras variables como los ingresos o el consumo- se encuentra más concentrada, siendo así más ágil o eficiente la tributación. Bajo la propuesta europea, el impuesto se aplicaría en 3 tasas diferenciadas según el nivel de riqueza de las personas, del 1%, 2% y hasta 3% anual sobre las fortunas afectas, es decir, sobre el total de los activos que se ostentan (como acciones en bolsa, propiedades, vehículos de lujo, yates y otros bienes fácilmente cuantificables o medibles).

Es importante resaltar que este impuesto sería de carácter excepcional y temporal. Es decir, se aplicaría solo a aquellas personas naturales cuyas fortunas individuales excedan los millones que fije la norma como límite, mientras dure la epidemia. En la propuesta europea antes referida, el límite a partir del cual se pagaría este impuesto son los 2 millones de euros en adelante. Otros apuntan que el límite desde el cual aplique el impuesto debería ser los 10 millones de dólares, en cuyo caso tendríamos en el Perú a unas 2 mil personas -entre casi 32 millones- obligadas a pagar este impuesto.

Sea como fuere, el impuesto a la riqueza en coyunturas críticas como la que vivimos, no solo sirve como gesto de solidaridad de la reducida minoría que más tiene hacia la gran mayoría que menos tiene, sino que además constituye una acertada estrategia para reactivar la economía. Al inyectarse liquidez en los sectores populares, se mejora su capacidad de consumo, lo que termina beneficiando también a las grandes fortunas que suelen ser las propietarias de las principales plazas y cadenas de comercio.

Es por tal razón que para el profesor de economía Emmanuel Sáez ¨el impuesto a la riqueza es una poderosa herramienta para disminuir la desigualdad¨, que precisamente se agudiza en tiempos de crisis, lo cual también representa un peligro social -más aun de cara a las elecciones generales que tendremos en cuestión de meses- que debe ser prevenido estratégica y solidariamente. En la misma línea de pensamiento se encuentra, por ejemplo, el famoso economista francés Thomas Piketty y los premios Nobel de economía, Joseph Stiglitz y Paul Krugman. Queda el misterio si para Ismael Benavides, estos premios Nobel son también débiles mentales.

En el caso peruano, si la propuesta -por ejemplo- gravara solo a los 6 billonarios (personas cuyo patrimonio supera los mil millones) más grandes del Perú, que recientemente aparecieron en la revista Forbes, con una tasa del 2%, se recaudaría cerca de 800 millones de soles. Imaginemos la cantidad de vidas humanas que podría salvar ese dinero, o cuántos respiradores mecánicos podrían fabricarse con lo recaudado por este impuesto. Semejante beneficio, en comparación al costo marginal que realmente significa para un grupo de magnates no parece tan descabellado, considerando que representaría -en el peor de los casos- el 1% o 2% de toda su fortuna.

Algunos enemigos de este impuesto a la riqueza alegan, como principal argumento, que un impuesto así podría ocasionar fuga de capitales pues los billonarios fastidiados preferirían mover sus fortunas a otros países para evitar su contribución o fragmentarla entre varios testaferros. No obstante, en mayo del año pasado, el gobierno promulgó la Norma Antielusiva General, que permite a la SUNAT combatir y evitar -precisamente- esas prácticas de elusión tributaria (incluyendo esquemas u operaciones offshore en paraísos fiscales) que tanto daño han hecho al país y al Tesoro Público. Esta novedosa normativa persigue el fraude fiscal, asegurando el pago de impuestos, de modo que el hecho que nuestro país ya cuenta con esta nueva herramienta disuade el riesgo de fuga o elusión.

Así que en lugar de rasgarse las vestiduras ante una contribución tributaria equivalente a una centésima parte del haber de los que mayores lujos ostentan en el país, quizás estemos ante la ocasión ideal para que los billonarios demuestren que están dispuestos a poner su 1% para aliviar la desgracia de millones de personas y prevenir la muerte de varios cientos de compatriotas, lo cual permitiría acercarnos un poco más entre peruanos, y demostrar que la solidaridad y el pragmatismo no siempre son conceptos antagónicos, sino que -al menos en tiempos de crisis generalizada- pueden ser felizmente complementarios.

En conclusión, podemos notar entonces que el impuesto a la riqueza (sobre el patrimonio de las grandes fortunas) -en tiempos de graves crisis- no solamente es tributariamente viable, solidariamente necesario, políticamente correcto y socialmente justo, sino también económicamente efectivo.