En Finlandia, hace unas cuantas décadas, el gobierno constató que el sistema educativo privado -que trata a la educación como una simple mercancía- no es justo, sostenible ni conveniente para la sociedad.  

Bajo dicho sistema no solo tenían resultados mediocres en términos de formación académica, sino además era demasiado costoso para los padres de familia, incluso los pudientes, que destinaban demasiados recursos para que sus hijos e hijas accedan (muchas veces tras esclavizantes endeudamientos) a lo que es un derecho humano, como una educación de calidad.

Los finlandeses también notaron que mantener 2 sistemas educativos paralelos, uno privado -para las clases media y alta- y uno público o estatal -para los sectores populares- generaba desigualdad de oportunidades, a la vez que profundizaba la brecha entre las clases sociales, con todo el daño que ello ocasiona a la sociedad.

Tras entender ello, en la década de los setenta, la voluntad política finlandesa logró revolucionar su sistema educativo, prohibiendo el afán de lucro en los servicios educativos (que se brindan hasta los 15 años) y, en oposición, garantizando una educación de excelencia gratuita para todos los finlandeses, acabando así con el reinado de la educación privada elitista, tal como la que hoy opera en el Perú.

Desde el momento en que las autoridades apostaron por su sistema educativo público y enviaron a sus hijos a los colegios estatales, éstos -por fin- mejoraron. Sus autoridades notaron que la mejor forma para entender el drama y la necesidad de potenciar la educación pública era si sus propios hijos la cursaban. Nada más efectivo que vivir en carne propia un problema, para comprender sus perjuicios y desde ahí querer resolverlo. Mientras el problema no se asume como propio y personal, en lugar de percibirse como ajeno y distante, el compromiso para superarlo no es el mismo.

En efecto, no pasó tanto tiempo para que la educación pública de Finlandia ocupé los primeros lugares en las pruebas internacionales de calidad educativa, que miden el nivel de formación de sus estudiantes, como la evaluación PISA, así como en llegar a la cima del ranking mundial de los países más felices según el reporte anual de la ONU. Esto también prueba que el desarrollo educativo de un país es la base para su desarrollo social y su prosperidad.

Otra clave de ese modelo educativo es que -por extraño que nos parezca- no se dejan tareas en el colegio (o si las hay no demandan más de 30 minutos al día), pues las consideran un concepto obsoleto, además de constituir la gran barrera para que -tras las horas de colegio- puedan compartir con sus familias, socializar, jugar, practicar deportes, dedicarse a la lectura, estar en contacto con la naturaleza e incluso realizar labor social. Los niños necesitan tiempo para ser niños.

Para propiciar que el tiempo del día alcance para todas estas formas de cultivarse, el sistema finlandés prefiere establecer jornadas escolares que para nosotros serían reducidas, empezando en primaria con 4 horas al día. Conforme avanzan, la jornada alcanza un promedio de 6 horas diarias, incluyendo el refrigerio, siendo de las más cortas del mundo.

Otra característica del modelo finlandés es que prescinden de las pruebas a los niños y -en cambio- profesores altamente calificados observan y documentan el desarrollo de cada niño a partir de sus actitudes, gestos y expresiones. También evitan los exámenes de opción múltiple, que -muchas veces- miden el aprendizaje de los alumnos a partir de la suerte con que se marca una letra o un número, en lugar de propiciar que cada uno desarrolle su propia respuesta. Aunque supone más tiempo de revisión para el profesorado, esta alternativa trae mejores resultados pues permite inferir si los conocimientos impartidos han sido realmente asimilados por cada alumno, expuestos en sus propios términos y palabras.

Esto constituye un revés para las pruebas estandarizadas, que suponen la memorización (o retención pasajera) de datos, en lugar de desarrollar el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. Así procuran que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos y descubran lo que quieren ser y para qué son buenos. Los profesores -que, por cierto, tienen la profesión de mayor prestigio social en Finlandia- procuran enseñarle a los alumnos a ser felices, así como a saber respetarse a sí mismos y a los demás, velando así por el desarrollo emocional de los alumnos.

Para esto, los finlandeses ponen especial énfasis en materias como educación cívica (o cultura ciudadana), así como en la formación en ética (empatía), artes, música y quehaceres domésticos (cocina, carpintería, costura) bajo un enfoque de equidad de género -libre de estereotipos o roles tradicionales- (para horror del colectivo Con mis hijos no te metas) y, en suma, todo lo que les ayude para las tareas del hogar y superar las adversidades de la vida real.

Bajo estas claves, el modelo finlandés permite que el mejor colegio sea el que está en cada barrio o municipio, siendo todas las escuelas equitativamente buenas en términos de calidad educativa. Así, los padres ya no tienen la pesada carga de buscar las mejores escuelas, mudarse para estar más cerca del colegio elegido, superar arbitrarias entrevistas, ni tienen que endeudarse para que sus hijos reciban una buena educación.

A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, el Estado finlandés -concebido como uno de Bienestar- tiene asumido su rol protagonista para asegurar el acceso a una educación gratuita y de calidad. No solo la enseñanza es gratuita, también los útiles, los textos escolares y hasta el almuerzo (al menos en la educación básica).

El cobro de matrículas en Finlandia -prácticamente- no existe y -menos aun- el abuso de entidades educativas que lucran con el derecho humano de la educación, incluso en plena pandemia. El caso finlandés, donde la educación privada básicamente no existe, es la mejor demostración que una realidad -distinta y tanto mejor- es posible. El camino será largo, pero mientras no cuestionemos el modelo actual y lo repensemos, nunca iniciaremos el cambio.

Claro que nunca faltaran los pesimistas que dirán que no podemos compararnos con una realidad como la finlandesa y si nos atrevemos a hacerlo, entonces somos inocentes idealistas que pierden su tiempo. No obstante, mirar lo que está haciendo el país número 1 en educación y prosperidad -que es el único del planeta que ha logrado proscribir el lucro y la codicia de la educación- es una obligación moral; a la vez que es un gran referente para re-plantear nuestro fallido y desigual sistema educativo, tras casi 200 años de analfabetismo funcional y fractura social. Finlandia, con sus obvias diferencias, tenía un problema estructural similar hasta hace 40 años (incluso hasta los sesenta, solo el 10% de los finlandeses culminaba la secundaria), pero hoy pueden decir -con orgullo- que con idealismo y determinación lograron construir un modelo inclusivo y exitoso, libre de segregación social, clasismo y mediocridad.

Aunque la educación de calidad aun se encuentre -tristemente- privatizada en el Perú, no deja de sorprender que el Estado tolere que colegios y universidades privadas no reduzcan en un 50% -como lo exigen la gran mayoría de los padres de familia y/o el alumnado- el costo de sus mensualidades, pensiones y/o créditos por todo el periodo del estado de emergencia, más aun si el servicio ha sido sustancialmente variado y menoscabado, al ofrecerlo en línea, sin el uso de las instalaciones, infraestructura, ambiente, supervisión y retroalimentación del profesorado, así como de toda la experiencia que supone el aprendizaje presencial.

De todos modos, el Decreto Legislativo 1476 -publicado hoy 5 de mayo- en el que el Gobierno exige a los colegios que entreguen sus estados financieros (ganancias y pérdidas) del periodo anterior a los usuarios que lo soliciten, es una buena señal. Esto debe incluir el desagregado de los costos fijos y variables asumidos para brindar el servicio no-presencial o en línea, comparado con lo que gastan para el servicio presencial. Así los padres de familia podrán saber el detalle real de los costos que efectivamente asume el colegio y luego le traslada.

Dicho decreto también obliga a los colegios privados a proponer a los usuarios una modificación que refleje una tarifa reducida ante los cambios. Caso contrario o si los usuarios no están de acuerdo con las nuevas condiciones, pueden resolver el contrato, quedando el colegio obligado a devolver -dentro de los 30 días siguientes- la cuota de matrícula, la cuota de ingreso y las pensiones canceladas.

Aunque ahora queda ver si los colegios cumplen a cabalidad, con transparencia y prontitud, tanto en la entrega de sus cifras, como en acordar una reducción sensata (y descontar o devolver lo pagado en exceso), la norma no garantiza que si los usuarios retiran a sus hijos del colegio ante la renuencia de éste, encuentren cupo en otro colegio o incluso en el mismo, tras la reanudación de las clases. Lamentablemente, la norma tampoco aplica a las universidades privadas.

Al margen de ello y la coyuntura, esperemos que el presidente Vizcarra y el Congreso tengan el coraje y la voluntad política para realizar -ahora o nunca- una reforma integral de la educación (que suponga invertir mucho más de solo el 3.9% de nuestro PBI que actualmente destinan para el sector) y así podamos destacar -en el largo plazo- en el ranking de los países que cuentan con sistemas educativos decentes, en lugar de aparecer siempre entre los peores del planeta. 

Es necesario anticipar que toda reforma del sistema educativo generará una férrea resistencia dado que la educación privada en el Perú es un negocio millonario. Incluso algunos partidos políticos con presencia en el Congreso tienen a líderes con intereses personales e inversiones en colegios y universidades particulares, de modo que es probable que sean los primeros en boicotear cualquier cambio, o acercamiento a lo que sería -por ejemplo- el exitoso modelo educativo finlandés.

La pandemia del Covid-19 nos ha dejado otra lección: la educación corporativa, que supone escuelas privadas como simples comercios, no es justa ni eficiente. Una reforma integral es urgente. La niñez, las familias y la sociedad requieren del soporte del Estado para que la educación -gratuita y de calidad- vuelva a ser el derecho humano de todos y no el privilegio de los pocos que pueden pagarla.