Durante los últimos días, venimos siendo testigos de una tendenciosa campaña de desinformación respecto al denominado Acuerdo de Escazú (en adelante, AE). Algo que no se veía desde el desesperado intento del colectivo ¨Con mis hijos no te metas¨ para hacer creer a los peruanos que la mal llamada ¨ideología de género¨ era, supuestamente, un invento del comunismo internacional para ¨homosexualizar¨ a los niños del Perú (como si la orientación sexual de cada persona fuera algo que se impone desde las aulas escolares).  

Nuevamente los sectores más reaccionarios y conservadores de nuestra sociedad, han salido al frente para difamar -esta vez- al AE de las Naciones Unidas, suscrito en el 2018 por 17 países del continente americano y cuyo verdadero título es ¨Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe¨. Pero se le conoce como AE, pues fue firmado en la ciudad costarricense de Escazú.

Sea como fuere, se trata de un acuerdo multilateral medioambiental, que es el fruto de 4 años de trabajo conjunto de los 24 países de la región que adoptaron en el 2014 la Decisión de Santiago, que dio inició a la negociación de este primer e histórico Tratado Ambiental de América Latina, que -en esencia- no hace sino reconocer que ¨el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados¨. Es decir, con la mayor transparencia y rigor democrático posible.

Para garantizar esto, el AE reconoce una triada de derechos de acceso que son inseparables y sustanciales para que la sociedad civil pueda involucrarse efectivamente en asuntos ambientales que considere de su interés: a la información, a la participación y a la justicia. 

En un contexto regional caracterizado tanto por el avance de la industria extractiva en los territorios amazónicos, así como el aumento en la quema de bosques tropicales y el asesinato selectivo de activistas ambientales (sólo en Colombia este año, ya han asesinado a 100 líderes sociales), el AE ofrece mayores seguridades y herramientas a las comunidades y personas interesadas en cuestiones ambientales, para acceder a: i) información pública (como el riesgo ambiental de determinado proyecto); ii) participar públicamente en los procesos de toma de decisiones (como en audiencias de Estudios de Impacto Ambiental) y, iii) justicia nacional y, en última instancia, internacional, en caso la justicia local fallé (por deficiencia o corrupción) en el resguardo de los derechos ambientales.

Sin embargo, esto que suena como una auténtica melodía para cualquier amante de la naturaleza, ecologista o, que parece de simple sentido común para cualquier demócrata, ha encendido las alarmas y el pánico entre las grandes mineras, petroleras y sus amigos. Entre estos últimos, la semana pasada han destacado las históricas fujimoristas, Luz Salgado y Martha Chávez. La primera de ellas, ha dicho -falsamente- que el AE supondría ¨entregar la patria¨. En la misma línea, su compañera de partido, Martha Chávez ha señalado que el AE desconocería ¨la soberanía de los países (…) y los recursos naturales que ellos contienen, para dejarlos a merced de poderes oscuros¨.  

Aunque no se sabe si por ¨poderes oscuros¨ la Sra. Chávez se refiere a su líder encarcelado Alberto Fujimori o a su asesor subalterno también preso, Vladimiro Montesinos, lo que sí es irrefutable es que el artículo 3 -inciso i)- del propio AE reconoce como principio rector para la implementación de sus disposiciones al ¨principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales.¨  Más aún, el inciso j) del mismo artículo 3 del AE consagra como otro principio-guía, el de la ¨igualdad soberana de los Estados¨.  

De manera que no se entiende cómo es que, si el propio instrumento en cuestión reconoce expresamente la soberanía de cada país sobre sus recursos naturales respectivos, hayan personas alfabetizadas que crean y afirmen -sin pudor- que dicho acuerdo viola la soberanía del Perú o pone en riesgo sus recursos naturales. O realmente no han leído el acuerdo que visceralmente atacan y por ende actúan negligentemente, o sí lo han leído pero prefieren distorsionarlo intencionalmente para proteger algún interés privado o quizás el de algún generoso donante.

Quiénes -fuera de toda duda- sí han salido a proteger sus intereses de grupo, rechazando al AE, es la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, así como la AMIP, que también agrupa a empresarios mineros. De hecho, estos últimos han señalado que el AE vulneraría ¨el desarrollo productivo de los pueblos¨. En efecto, si dicha productividad supone contaminar ilegalmente la selva, ergo -por supuesto- que esa actividad no podrá ser desarrollada por violar el derecho humano a ¨vivir en un ambiente sano¨, así como al desarrollo sostenible, que -precisamente- son el objetivo central del AE, según lo establecido en su artículo primero.

A la campaña de desinformación contra el AE también se han sumado algunos oficiales retirados de las FFAA que -aparentemente- habrían caído en el error de creer que el AE compromete la soberanía nacional, así como ciertos personajes de la farándula política como Francisco Tudela o el aprista Luis Gonzales Posada y, cómo no, el diario Expreso, que desde que su ex director, Calmell Del Solar, vendió su línea editorial en la salita del SIN, parecería que no recupera el sentido de veracidad que instauró el fundador de ese medio, Manuel Mujica, en los sesentas.

En cambio, parece que la frase atribuida al jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels ¨miente, miente, que algo queda¨, es la consigna por la que se rigen algunos malos políticos y periodistas, al servicio de malos empresarios, que prefieren que no existan tratados ambientales, ni un régimen normativo común que se respete -tanto a nivel nacional como regional- para proteger la naturaleza que nos pertenece a todos, por encima de cualquier interés corporativo.

Ello explica esta propaganda deshonesta, que seguramente ya ha empezado a cobrar sus primeras víctimas, y cuya finalidad es evitar que el Congreso ratifique el AE, suscrito en el 2018 por nuestro Ejecutivo, dado que para entrar en vigencia requiere la ratificación del Poder Legislativo. ¿Se prestará este Congreso a este juego nocivo, siguiendo la línea del Congreso anterior? Esperemos que no, por el bien de nuestra Amazonía, los demás espacios naturales y la paz social.

La ratificación del AE no significaría -en lo absoluto- que perdamos territorio o soberanía alguna. La misma Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) también ha desmentido este mito. Por el contrario, serviría para gestionar mejor nuestros recursos naturales sin tener que repetir tragedias o masacres como el Baguazo. Así, será estratégico para prevenir conflictos sociales para el beneficio de todos. Quedamos atentos a su esperada ratificación.