El pasado viernes 17 de julio, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - Ambiente y Ecología del Congreso de la República, citó a las autoridades ambientales del país, para que respondan públicamente por la situación de la Reserva Nacional de Paracas (RNP) ante el pedido que les ha formulado el concesionario del Puerto San Martín, el Terminal Portuario Paracas S.A. (TPP), para añadir a sus operaciones: el transporte, almacenamiento y embarque de concentrados de cobre y zinc. 

Lo indignante del pedido es que las lucrativas actividades que el TPP pretende se le autoricen, suponen -irresponsablemente- trasladar y manipular sustancias tóxicas de minerales por plena RNP, siendo un área frágil y protegida. Asimismo, aumentaría el tránsito pesado por el corazón de la Reserva, con el ingreso adicional de casi 13 mil camiones anuales -según la información del propio TPP- que cruzarían el hábitat de diversas aves exóticas, fauna silvestre y algunos animales en peligro de extinción, como el gecko o el gaviotín peruano.

Ante dicha amenaza ecológica, nuestro primer poder del Estado convocó a los responsables de las entidades estatales que tienen por misión proteger nuestra naturaleza -SENACE, SERNANP y MINAM- para que expliquen cómo piensan resguardar a la primera reserva marino-costera del Perú y, a la vez, el mayor destino turístico del país, tras Machu Picchu.

Lo sorprendente fue notar que algunas de nuestras autoridades ambientales parecían -más bien- los escuderos del TPP. De hecho, el presidente del SENACE, Alberto Barandiarán, quien tiene en sus manos resolver la controversia, invocó -tristemente- dos argumentos en beneficio del TPP, que es necesario comentar:       i) Que el puerto está fuera de la RNP; y, ii) Que habría una suerte de ¨pre-existencia¨ del puerto respecto a la RNP.

Empecemos por el primero. Es sabido que el TPP y sus amigos se aferran al tecnicismo de que no están dentro de la Reserva, sino al costadito, en lo que se denomina su zona de amortiguamiento. Bajo este enfoque, el puerto no sería parte de la RNP, a pesar de: i) estar completamente rodeado por la Reserva (como una isla o lunar envuelto en su totalidad); y, ii) estar inmerso en el ecosistema de la RNP, es decir, en el sistema biológico que comprende a los distintos organismos interdependientes que comparten ese mismo hábitat o medio físico. Siendo la RNP una gran unidad en la que todas sus partes están conectadas (animales, corriente marina, vientos, dunas y demás elementos), sugerir que el puerto no forma parte de la Reserva es -desde un enfoque científico- francamente absurdo.  

Surgen, entonces, algunas interrogantes: ¿Acaso porqué algún funcionario -en su momento- excluyó al puerto del trazado final de la RNP, creen en serio en el artificio -tan arbitrario como irreal- que están fuera del ecosistema del lugar, y así tendrían el derecho de hacer lo que les plazca dentro de la concesión? ¿Cuán ingenuos creen los del TPP que somos los peruanos para validar esa retórica? ¿Acaso no es obvio, palpable con el sólo sentido de la vista, que -sea zona de amortiguamiento o no- están físicamente en la misma área geográfica que la Reserva?

Incluso si damos por cierto que el puerto solo está en la zona de amortiguamiento, la ley les impone -de todos modos- un régimen excepcional para servir como abrigo natural de la reserva que tienen la obligación de proteger. Así lo prevé el artículo 25 de la Ley 26834, que exige que estas zonas, por ser ¨adyacentes¨ o contiguas al área protegida, tengan un ¨tratamiento especial para garantizar la conservación¨ del espacio que -precisamente- amortiguan. El Plan Maestro de la RNP también estipula que las actividades que se permitan en las zonas de amortiguamiento ¨no deben poner en riesgo¨ la conservación del área protegida. En igual sentido, para el derecho internacional una zona de amortiguamiento es ¨un área alrededor del bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de reforzar su protección¨.

En consecuencia, es bastante discutible la legalidad de convertir la zona de amortiguamiento de una reserva natural, en todo un mega-puerto, cuyas actividades industriales producen -indudablemente- contaminación visual, sonora, lumínica y paisajística. Peor aún, si además manipularán concentrados (con trazas de plomo y arsénico), cuya fuga o dispersión sería irreversible para el ecosistema y la fauna silvestre de la RNP.

Como bien le hizo notar el congresista Daniel Olivares al presidente del SENACE, lo que no admite duda alguna, es que para entrar y salir del TPP, se tiene -necesariamente- que atravesar la RNP. Esta realidad no se puede burlar, como tampoco el hecho que sus camiones pesados deban violar, día a día, el silencio y la fragilidad de la Reserva. Una violación masiva si se tiene en cuenta que -de aprobarse el pedido del TPP para mover minerales- serán al año 25 mil pasadas (entre idas y vueltas) adicionales de volquetes que cortarán -cual cuchillo tóxico- la RNP.

De modo que el argumento expuesto por Barandiarán, dando a entender que no habría mayor problema porque el puerto está fuera de la RNP, es un tanto tramposo e irrelevante a fin de analizar el verdadero impacto ambiental del puerto, el que bajo un análisis sistémico -que considere todos los componentes de su operación- da cuenta que -más allá de la demarcación formal- integra la Reserva y, por ende, compromete su ecosistema.

El segundo argumento de nuestra autoridad, en aparente defensa del TPP, es la supuesta ¨pre-existencia¨ del puerto en relación a la RNP, debido a que ésta última se habría reconocido recién en 1975, mientras que el puerto San Martín data de 1969, es decir, 6 años antes.

Al respecto, caben 2 aclaraciones. La primera sería que entre los considerandos de la propia norma que en el año 75 creó la RNP, se menciona al Decreto Supremo 15, del 21 de junio de 1960, que 15 años antes ya había declarado el ¨Parque Prehistórico Nacional¨ de Paracas, el que -en realidad- se incorpora a la Reserva. Así que el puerto no sería 6 años pre-existente al área protegida de Paracas, sino -en realidad- 9 años posterior a su primer reconocimiento estatal como Parque Nacional -protegido- debido a los yacimientos arqueológicos y los ¨restos de enorme contenido científico¨ que existen en la zona, donde floreció la milenaria cultura Paracas, como refiere la norma de los sesenta.

La segunda aclaración para el SENACE, sería que aunque quieran obviar la existencia legal del Parque Nacional de Paracas (anterior al puerto), se trataría -en ese entonces- de un puerto artesanal o agropecuario. El puerto ¨pre-existente¨ de 1969 no era el mega-puerto industrial que se construyó hace apenas un par de años, ni -mucho menos- el puerto minero que recién ahora se pretende habilitar. 

Precisamente, lo que más ofende a la ciudadanía es la pretensión minera del TPP. Su ávida insistencia para que el Estado le avale desplazar -a través de la Reserva- toneladas de concentrados de cobre y zinc, incluyendo sus partículas tóxicas, en una zona protegida donde corren vientos semi huracanados, es tan imprudente como escandalosa. 

Urge saber entonces: ¿Cómo resolverá Barandiarán...pasará a la historia como el protector del santuario ecológico de Paracas o acaso como su verdugo? Si fuera lo segundo, ¿el Presidente Vizcarra permitirá semejante despropósito?. En verdad, ¿se aplican en el Perú los conceptos de responsabilidad social y desarrollo sostenible (en armonía con el medio ambiente, más aún, tratándose de la RNP)?

En realidad, el solo hecho de haberse permitido la construcción de semejante infraestructura portuaria justo allí, teniendo otros 3 mil km de litoral, ya ha sido demasiado, incluso para una ex colonia como el Perú, con altísimos niveles de corrupción en su administración pública.

Daría la impresión que el TPP, de capitales españoles y brasileños, todavía creen que seguimos siendo una colonia, o su hacienda, donde pueden hacer lo que sea -incluyendo poner en grave peligro una Reserva Nacional- con tal de ganar más plata con el embarque de sus concentrados de minerales. Parecería que se olvidaron que el próximo año se cumple el bicentenario de nuestra independencia.

Es necesario que cada peruano, al menos los que aman su país y sus reservas naturales, haga saber que no permitiremos que nuestras autoridades sigan arrodillándose ante la codicia corporativa, y que la pretensión del TPP para construir un almacén de minerales ¡NO VA!. Si quieren seguir siendo bienvenidos en nuestro país, entonces tienen que aprender a respetar el lugar emblemático donde están y los límites no sólo legales, sino también éticos que nos rigen a todos, independientemente de nuestra nacionalidad, rol o posición económica.