Resulta sorprendente constatar como muchos limeños, desde el privilegio sino desde el lujo, juzgan con tanta ligereza a compatriotas -en dificultad- por ejercer su derecho constitucional a la protesta, reconocido por el propio Tribunal Constitucional en una sentencia histórica reciente.  

Sea que se trate de ciudadanos indignados ante un golpe de Estado blando, perpetrado en la víspera de las elecciones y en un contexto de pandemia, que exigen la restauración de la democracia y su tan necesario equilibrio de poderes, o sean trabajadores hartos de percibir sueldos de hambre en una industria próspera y subvencionada, que solo aspiran a recibir condiciones laborales dignas.

Ante estas problemáticas sociales, algunos privilegiados -generalmente de la capital del país- no solo optan por la apatía y la indiferencia, sino que -incluso- desprecian, insultan y difaman lo que les resulta tan difícil de comprender.

Es la famosa criminalización de la protesta, que en el caso peruano toma la forma del terruqueo, que se practica ante cualquier protesta social, laboral o ambiental, para desprestigiar a quiénes reclaman y restarle toda legitimidad a sus reivindicaciones. Mediante este mecanismo, los manifestantes son reducidos -en el mejor de los casos- a una ¨turba¨ de ignorantes manipulados por algún genio perverso oculto o -en el peor de los casos- reciben el título de terroristas.

Sin embargo, tildar de terrorista a una persona supone afirmar que ha cometido el gravísimo delito de terrorismo. En un país como el nuestro, que sufrió el terrorismo senderista en la década de los ochenta principalmente, equivale a afirmar que esos manifestantes están asesinando a civiles, acribillando a autoridades o colocando coches-bomba, al peor estilo del atentado de Tarata.

Esa es la injusta y distorsionada comparación en la que caen algunas personas que aún parecen atormentados por el fantasma del comunismo soviético o el chavismo. Causa extrañeza su aparente incapacidad de colocarse en los zapatos y en la piel del prójimo. Al final, ellos también son víctimas, pero del pánico, que los hace perder la capacidad de comprensión de la realidad social, tal como ocurrió con el hijo del candidato a la presidencia, Fernando Cillóniz, quién en esta entrevista en RPP fue corregido por el periodista Fernando Carvallo: 

También hay los que ante cada protesta social creen que se trataría del inicio del Apocalipsis o el comienzo de una nueva reforma agraria, y optan por agredir a quiénes realmente no conocen. Los acaso ilustrados, suelen apoyarse en estrambóticas teorías conspirativas (como bien ha reseñado Yuval Noah en esta columna reciente) o retroceden al macartismo de la supuesta invasión comunista.

Sea como fuere, lo peligroso de esta mentalidad es que sirve como pretexto para exigir que nuestra policía abra fuego contra los ¨revoltosos¨, tal como ocurrió la noche del sábado 14 de noviembre, que tras la represión policial quedaron baleados con perdigones los cuerpos sin vida de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de cientos de heridos de gravedad, incluyendo a varios periodistas.

Desde el punto de vista ético, entre un acomodado limeño que terruquea desde sus redes sociales y un golpista que ordena disparar a ciudadanos que protestan por sus derechos, no hay gran diferencia. En ambos casos, prima la soberbia del que juzga -desde su sentida superioridad- a esos ¨tontos útiles¨ que merecerían fuego por atreverse a tomar las calles, cuestionar el statu quo y expresar su inconformidad para detener algún abuso que sufren.

Otra forma que también contribuye a criminalizar la protesta es el sostener que toda protesta es, necesariamente, violenta. Este estereotipo -que niega la posibilidad de una protesta pacífica, como las muchas que se han registrado a lo largo de la historia- refuerza la idea que los manifestantes serían -entonces- violentos y por ende, delincuentes. 

También están los que sin llegar a terruquear a los manifestantes o sin reducirlos a la categoría de turba al servicio de poderes ocultos, reconocen que las protestas pueden ser útiles y pacíficas, pero sólo juzgan sus formas, obviando el fondo de las mismas o la motivación que habría para salir a protestar. En ellos también hay falta de empatía sino egoísmo, pues en lugar de conectar con la problemática ajena, sólo la condenan si se tuvo que tomar una avenida o cortar una carretera para finalmente ser escuchados en su desesperación. La necesidad del otro no existe; y si existe, no importa. O, en todo caso, importa más el disturbio causado.

Bajo estos enfoques, las protestas son criminalizadas, anulándose el fondo de las mismas y en vez de procurarse entender y resolver el problema de base, se pone el énfasis en los manifestantes -¨desadaptados¨ al sistema-  cuya persecución, agresión y hasta baleo se justifica por ejercer su derecho de protesta. 

Ante este riesgo es que nos toca a las personas que estamos en una situación de privilegio, tratar de comprender la posición de los que no han tenido la misma suerte, escucharlos y esforzarnos por conectar desde la empatía para -más allá de quedarnos en la superficie del juicio o en el típico terruqueo- entender las dificultades y carencias que -estructuralmente- padece una mayoría de peruanos.

Aunque con este simple ejercicio podamos recibir el título de rojos o caviares, cual ridículo castigo por ´traicionar´ a nuestra clase y pensar en mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos, corresponde que tratemos de imaginar cómo se sentiría en carne propia sufrir lo que desde la comodidad es más fácil negar.

Respecto al paro laboral en Ica, cabría preguntarse cómo sería cobrar al día 39 soles por una jornada completa de duro trabajo bajo el sol y que llegadas las fiestas patrias o la navidad, no recibamos nada porque se supone que nuestro jornal ya incluye las gratificaciones. Esa es la Ley Chlimper (por el empresario agroindustrial, ex ministro de agricultura y actual director del BCR) que en pleno año 2000, en el punto máximo del fujimontesinismo, creó ese régimen ¨temporal¨ para fomentar el sector agroindustrial, a costa -en buena parte- de la calidad de vida de los trabajadores, que hoy han hecho esa industria próspera y que sin embargo no reciben los beneficios o la riqueza que tanto ayudaron a producir.

Esperemos que el Gobierno, en lugar de terruquear también, escuche los legítimos reclamos de los trabajadores y en consecuencia derogue la Ley Chlimper o, al menos, suprima su capítulo laboral y mejoré las condiciones de ese colectivo históricamente castigado. Asimismo, esperamos que antes que tengamos que lamentar alguna muerte en Ica, el Gobierno atienda la petición que está corriendo en la ciudadanía para prohibir que la policía utilice perdigones durante las protestas y así evitemos más víctimas como Inti y Bryan (aquí la petición: http://chng.it/CNJRCzKT4M).

Si realmente necesitan contener o dispersar una protesta que se vuelve violenta -ya sea por algunos delincuentes infiltrados o por acción de los mismos agentes encubiertos- tienen sus bombas y mascarás lacrimógenas, bastones, escudos, tanquetas lanza-agua, refuerzos, logística e inteligencia anti-subversiva, pero a puertas del Bicentenario de nuestra República, debemos erradicar la infame mentalidad gamonal que explota, terruquea y balea a los oprimidos de siempre.