La petroquímica española Repsol aseguró ante la prensa nacional que ellos no son los responsables de la catástrofe ecológica causada en Ventanilla, Ancón y Chancay.

Así lo manifestó -literalmente- a través de su representante, la Sra. Tine Van Den Wal, gerenta de comunicación de Repsol Perú, el día de ayer en una entrevista concedida a RPP.

A pesar del hecho irrefutable que es su petróleo el derramado en el litoral peruano, insisten -increíblemente- en negar su responsabilidad. Más bien, en su primer comunicado, culpan al oleaje anómalo, pero -en ningún caso- admiten lo evidente: sin sus actividades, sin su decisión de descargar el petróleo, no habría 6 mil barriles de petróleo crudo vertido en nuestro océano y en más de 20 playas del norte de Lima.

Aunque es cierto que la Marina de Guerra del Perú también tendría parte de la responsabilidad por no emitir las alertas respectivas, la decisión final de continuar con la descarga de petróleo -a pesar de la erupción del volcán de Tonga en la víspera y las advertencias de tsunami emitidas por países vecinos- fue exclusivamente de Repsol.

Por ello, es francamente inaceptable y una tomadura de pelo a toda la ciudadanía, que la vocera de la empresa nos diga ahora que -sencillamente- ellos no son los responsables. Más allá del descaro, lo preocupante es que si -evidentemente- no se sienten responsables del desastre ocurrido, ergo es presumible que tampoco se sentirán responsables de mitigar los daños ocasionados.

Al respecto cabe preguntarse ¿cuánta prioridad y sentido de urgencia ha puesto Repsol para mitigar o apalear el desastre si, finalmente, consideran que ellos no son los causantes ni responsables de esta tragedia?

¿Será suficientemente responsable y proporcional, que sólo hayan enviado algunas cuadrillas de personas para limpiar las playas, en lugar de desplegar camiones con maquinaria absorbente de petróleo y equipos tecnológicos afines? ¿Cuenta Repsol con esta maquinaria como condición exigida por nuestra autoridad ambiental para seguir operando día a día?

Como ha precisado Daniel Olivares, ahora Ejecutivo de la ONG ambientalista Océana Perú, la cantidad de petróleo derramada llenaría el tanque de 25 mil vehículos. Sólo la zona costera afectada sería de unos 20 mil metros cuadrados. Resulta curioso que, tal como informó el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, en un inicio la empresa habría reportado que sólo se trataba de 7 galones de petróleo derramado, cuando lo que se ha determinado es que -en realidad- al menos serían 6 mil barriles. La diferencia es incomprensible y, también, grotesca.

Aunque los daños serán irreversibles, importa la celeridad y contundencia de las acciones que se tomen para frenar que el crudo siga navegando y extendiéndose por nuestras aguas y dañando a más especies silvestres. En esta fase el rol que está jugando SERFOR, así como la OEFA es esencial en su obligación de fiscalizar la actuación de la empresa y el debido cumplimiento de su Plan de Contingencia que, al menos en teoría, deberían tener, aunque nuestra Premier haya dado la premisa que no sería así.

A pesar que algunos periodistas serviles a los intereses corporativos declaren que ahora sólo sería cosa de limpiar esto y ya, lo cierto es que la muerte de diversos ejemplares de fauna marina, como pingüinos, lobos marinos, tortugas y una gran variedad de aves y peces, no puede revertirse ni menos limpiarse. El daño está hecho; y lo más indignante es que no es la primera vez ni será -seguramente- la última.

Por ello es imperativo que nuestras autoridades evalúen si es conveniente y ambientalmente seguro, seguir permitiendo la descarga de un insumo tan tóxico como el petróleo en una zona sensible como un ecosistema marino, más aún, si están próximas a áreas naturales protegidas. Lo mismo en otras áreas frágiles como nuestra Amazonía. Más aún, si además del impacto ambiental, existe un notorio impacto social, como el que sufrirán ahora miles de pescadores y sus familias imposibilitadas de realizar sus faenas de pesca.

Es urgente -sobretodo ante la crisis global del cambio climático- que este gobierno defina por fin un planeamiento territorial donde se defina en que áreas sensibles no puede seguir realizándose actividades industriales capaces de causar impactos tan letales en nuestro ecosistema atendiendo al principio ambiental precautorio. Caso contrario, seguiremos padeciendo estas tragedias ecológicas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el vertimiento de otras sustancias químicas se hubiera dado en el puerto San Martín, ubicado en plena Reserva de Paracas? Imaginar un escenario así produce pánico y desolación.

Asimismo, se requiere revisar la capacidad fiscalizadora de organismos como la OEFA que -desde luego- están en una posición de precariedad operativa frente a multinacionales como Repsol, que no suelen escatimar recursos en apoyarse en los principales estudios de abogados del país para eludir su responsabilidad.

Por último, corresponde que asimilemos de buena vez el enfoque de ¨Una Sola Salud¨, que -precisamente- vincula la salud humana, con la salud del ambiente y la sanidad animal, como tres variables interdependientes que coexisten en un mismo ecosistema. Bajo este enfoque, algunos países -incluso de la región- ya empezaron a implementar planes de transición energéticas, para pasar a matrices de energía renovable y limpia, cuyas operaciones no emiten emisiones ni menos derrames de material tóxico como el vertido por Repsol en nuestro ya contaminado mar.